Esther Gómez: «La Ley Mordaza es polémica, confusa e innecesaria»

Por Samanta Rioseras. Polémica, confusa, innecesaria, tramposa, imprecisa… Estos fueron algunos de los adjetivos que utilizó Esther Gómez para definir la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. No son palabras elegidas al tuntún, sabe de lo que habla. Es profesora y doctora de Derecho Internacional en la Universidad de Burgos, además de ocupar la dirección del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de dicha institución.

Durante la conferencia que ofreció el martes 25 de enero en la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos, organizada por la ONGD Entrepueblos, Gómez reconoció las numerosas dudas que le suscita el texto a pesar de ser una experta en la materia. “Es difícil de comprender y de interpretar, pero además es confusa. Deliberadamente confusa”. Conocida como Ley Mordaza, fue aprobada únicamente con los votos a favor del Partido Popular (PP) y su tramitación fue complicada. Tanto que se modificaron 14 infracciones y se eliminaron 19. Sin embargo el listado actual, vigente desde el 1 de julio del 2015, contempla hasta 44 divididas en leves (con multas de 100 a 600 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y muy graves (de 30.001 a 600.000 euros).

“Es desproporcionada desde la propia exposición de motivos”, aseveró Gómez. En este fragmento, la Ley se muestra como garante de los derechos fundamentales al existir una serie de actos vandálicos que los ponen en peligro. “Lo que hace realmente es restringir derechos y libertades sin justificación alguna porque no existe una situación de alarma para promulgar una ley como esta”, comentó, y ofreció datos institucionales para argumentar su postura: “Cuando se aprobó la Ley, la tasa de criminalidad era la más abaja de los últimos 12 años, los delitos eran un 27% inferiores a la media europea y, según el CIS, solo el 0,2% de la población situaba como primera de sus preocupaciones la inseguridad”, enumeró. Del mismo modo recordó que, de las 44.000 manifestaciones que hubo en el año anterior a la entrada en vigor de la Ley, solo se requirió intervención policial en el 1%. Incluso quien ocupaba la Jefatura de la Policía en aquel momento, Ignacio Cosidó (hoy senador autonómico por Castilla y León), admitió que la Ley no respondía a una demanda ciudadana.

Otro de los adjetivos que utilizó Gómez para definir la Ley de Seguridad Ciudadana fue “desconocida”. No solo por la ciudadanía en general, sino entre la comunidad universitaria: “No conozco ninguna facultad de Derecho en la que se estudie”, sostuvo. Mientras, la Ley sigue en vigor, las dudas rondando y el miedo en la calle. Lo extraño es que la oposición, ahora que el PP está en minoría, no haya tratado de tumbarla. Sí ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que puede tardar meses o años en tomar una decisión. Un tribunal al frente del cual los populares quieren sentar a Juan José González Rivas, magistrado de perfil conservador en cuyo currículum se incluye haber liderado el sector contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o el hecho de haber negado a una magistrada un permiso de 15 días tras inscribirse en el registro de parejas de hecho al considerar que ese tipo de unión no es equivalente al matrimonio.

Hasta que el TC resuelva el recurso, los medios de comunicación tienen una doble labor por delante: Seguir informando sobre el contenido de la Ley y denunciar públicamente la vulneración de los derechos fundamentales que se puedan ver afectados. Sobre esto y mucho más charló Premios Enfoque con Esther Gómez.

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Fuente: Samanta Rioseras

¿Considera que la Ley de Seguridad Ciudadana amenaza los derechos fundamentales?
Es una ley muy polémica, una ley que en principio protege derechos y libertades del ciudadano, pero a costa de vulnerarlos. Se busca la seguridad en detrimento de esos derechos. Por eso hay varios recursos de inconstitucionalidad presentados en bloque por la oposición. También por parte del Parlamento Catalán y asociaciones de abogados porque consideran que hay numerosos artículos que vulneran abiertamente el texto constitucional.

¿Cree que coarta la libertad de expresión?
Sí, absolutamente. Además la coarta a través de una ley administrativa. Si la libertad de expresión estuviese limitada o restringida en un código penal, tendría ciertas garantías; pero a través de una ley administrativa no tiene ningún sentido.

¿Es un modo de tipificar como delito la libertad de expresión?
En realidad lo que hace es modificar los conceptos del Código Penal. En el código Penal hay delitos o faltas, pero en la Ley de Seguridad Ciudadana lo que existen son infracciones administrativas. Infracciones que se comenten contra la Administración y que la propia Administración juzga por lo que se convierte en juez y parte. Además, las sanciones pecuniarias que se imponen son enormes. Llegan a los 600.000 euros y eso es algo incomprensible para muchas de las conductas que aparecen en la Ley.

Como las manifestaciones sin comunicación o los actos públicos que la Administración prohíba. Es una infracción muy grave sancionada desde los 30.000 a los 6000.000 euros.
Sí. También ha habido algunos cambios como las concentraciones sin autorización frente al Senado o el Congreso. En el borrador se planteaba una sanción de 600.000 euros que finalmente se quedó en 30.000. La rebaja es sustancial, pero es una barbaridad. Sobre todo porque no se tiene en cuenta si las Cámaras están llenas o vacías, si hay alguien dentro o no, si es de día o de noche… No hay una proporcionalidad. Con este planteamiento se eliminan las manifestaciones espontáneas que, según la Constitución Española, el propio Estado debe proteger. No solo eso, sino que el hecho de poder ser sancionado por acudir a una manifestación, a la que se va por ser afín a una determinada ideología, también vulnera la libertad de opinión.

Lo que sí hay es imprecisión… En cuanto a las grabaciones a los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo. No se sanciona la grabación, pero sí la difusión de las imágenes.
La Ley dice que lo que no puedes hacer es difundir las imágenes sin autorización, no se dice nada de grabar por parte de particulares. Pero lo cierto es que no tiene mucho sentido grabar si luego no lo vas a difundir. En cualquier caso, imaginemos este supuesto: Un abuso de autoridad. Lo grabas en vídeo, sí, pero no podrías usarlo en un juicio porque se estaría utilizando sin la autorización de la persona a la que grabas. En cambio, los agentes sí pueden grabar sin cortapisas. De hecho la veracidad de los atestados siempre prima, lo que se lleva por delante el principio de la presunción de inocencia.

El nombre de la Ley, por tanto, deja de tener sentido. No vela por la seguridad ciudadana.
En parte sí, deja de tener sentido.

¿Está justificado que se la conozca como Ley Mordaza?
Totalmente. No hay ni la más mínima duda. Además, tanto organismos internacionales (como la ONU), el Consejo de Europa, Jueces para la Democracia o la Asociación General de la Abogacía están espeluznados por la mayoría de los artículos de la Ley.

¿Se está usando la Ley como arma política para evitar la oposición ciudadana?
Sí, es evidente. Se quiere que la gente se quede en sus casas. Además, existe el temor añadido de que no sabes qué conductas son punibles. Hay mucha imprecisión al desconocer si las conductas que vas a realizar son sancionables o no. Y esto te lleva a quedarte en casa. Crea una inseguridad jurídica que en un estado de derecho es intolerable.

¿Qué le parece la postura que han adoptado los medios de comunicación y la difusión que han hecho de la Ley de Seguridad Ciudadana?
Los medios se han hecho eco suficiente. En parte porque ellos se ven directamente afectados. Pero también pienso que se debería dar más batalla. Lleva año y medio aplicándose y, cuando entró en vigor el 1 de julio del 2015, hubo más efervescencia en los medios que ahora. Es un tema que nos afecta en el día a día y no se debe olvidar.

La lucha andaluza por una ley de medios que reconozca derechos

Por Maribel Roldán. A finales de 2013, la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía puso en marcha la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual (la MOISA). Se trataba de un espacio de debate, abierto a diversos agentes, con el fin de recoger propuestas sobre el sector que fueran dando forma a la futura Ley Audiovisual de Andalucía.

Los meses previos habían sido de una actividad muy intensa para el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, plataforma en la que nos agrupamos más de 50 entidades y colectivos interesados en promover un modelo de comunicación más social desde un enfoque de derechos. A los foros provinciales les sucedió un encuentro andaluz en junio (que concluyó con la Declaración de Córdoba sobre el derecho a la comunicación) y el inicio de un plan de trabajo conjunto con interesantes propuestas de sensibilización y difusión, como la Guía de recomendaciones para ejercer nuestro derecho a la comunicación.

La constitución de la MOISA se presentaba como una oportunidad de incidencia fundamental para los objetivos del Foro. Por este motivo, solicitamos que nos incluyeran en la mesa de trabajo, en la que, a juzgar por una alta proporción de los actores invitados inicialmente por la Junta de Andalucía (el sector empresarial y operadores de radio, TV e infraestructuras audiovisuales), la mayor parte de las aportaciones iban a tener un sesgo más ligado al impulso industrial que de los derechos de la ciudadanía.

Fue un periodo de trabajo muy intenso y enriquecedor. Dada la variedad de organizaciones del Foro, cada una pudo desarrollar con más profundidad alguno de los aspectos que desde esta plataforma consideramos prioritarios en el marco de la regulación del sector audiovisual andaluz. En total, el Foro trasladó 101 propuestas , dirigidas especialmente a la regulación del derecho de acceso de la ciudadanía a los medios públicos, la promoción y reconocimiento de los medios comunitarios, el fomento de la alfabetización mediática y el impulso de la participación ciudadana en el Consejo Audiovisual de Andalucía. Puede que este trabajo nos llevara 101 horas, o quizás más. Lo cierto es que el grupo de personas participantes en el debate, con conocimientos legales muy dispares, acabamos llamando cariñosamente a aquel parto comunitario La Bestia.

También se realizaron propuestas para que el sector audiovisual andaluz abordara la igualdad de género, la defensa de la infancia, la promoción de la diversidad cultural, el fomento del pluralismo o la garantía de acceso a los servicios audiovisuales de las personas con diversidad funcional. Todo ello con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información y comunicación por parte de la ciudadanía, derechos reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Derecho de acceso, medios comunitarios y alfabetización mediática

Con respecto al derecho de acceso, ya reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Foro propuso que se establezca un plazo para que todos los medios públicos elaboren su reglamento de derecho de acceso, así como los principios generales que estos deben cumplir. Apostaba por su elaboración mediante un proceso participativo, que regulase 10 horas semanales en horario no residual. En casi 28 años de historia, la RTVA (por señalar sólo a la corporación autonómica) no ha dado muestras de tener intención real de abrir su parrilla y sus medios técnicos a la ciudadanía, como lo señala la Ley. Tampoco su programación ayuda especialmente a que exista una ciudadanía crítica.

En el apartado de medios comunitarios, el Foro defendió que funcionen como “instrumentos de participación ciudadana independientes de los poderes públicos, dedicados a actividades de la sociedad civil y al interés público, y abiertos a la participación plural de la comunidad a la que sirven en todas sus facetas: propiedad, gestión y elaboración de contenidos”.  Por otro lado, y de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, desde esta plataforma apuntamos que debe perseguirse el objetivo de que un tercio de cada banda de emisión, sea cual sea su tecnología, se destine a cada uno de tres tipos de operadores previstos en la legislación (privados comerciales, medios públicos y medios comunitarios), siempre que haya demanda de cada tipo de servicio. Se perseguirá también el objetivo de que el 66% de la población de cada provincia tenga acceso a estos servicios comunitarios.

Por último, las aportaciones en el apartado de alfabetización mediática proponían la inclusión de asignaturas en todos los niveles tanto para el fomento de la actitud de crítica constructiva con los mensajes transmitidos por los medios de comunicación de masas e Internet, como de capacitación para la producción y difusión de mensajes en los medios, así como la realización de campañas de alfabetización en los medios de comunicación.

Acto en la calle de la campaña #TúTambién | Fuente: CAONGD

¿Qué ha pasado desde entonces?

Dos años y medio largos… y poco más. En este tiempo, Andalucía ha vivido un cambio (parcial) de gobierno, que nos sitúa ante una Junta poco interesada en que el borrador de la Ley que nos fue presentando a las entidades participantes en la MOISA (en el que se habían incorporado las aportaciones de los colectivos de manera desigual) se tramite y apruebe en el Parlamento.

Andalucía relega así su oportunidad de apostar decididamente por empoderar comunicativamente a la ciudadanía e introducir algo de luz a un periodo en el que en el panorama estatal se socavan a diario los derechos a la comunicación y a la información: estamos entreteniendo la espera con Leyes Mordaza; una Ley Audiovisual estatal que confina y asfixia a los medios comunitarios, entre otros aspectos; la persecución demencial de quienes osan expresarse por la tangente en redes sociales; y una casi nula formación de jóvenes y mayores para hacer frente a la desinformación, las mentiras o la posverdad, como queramos llamarlo, que se afanan en ejercer la mayoría de los medios con mayor ahínco cada día.

Apelamos desde aquí a la responsabilidad del Gobierno Andaluz para aprobar la Ley Audiovisual de Andalucía; y también a la de la oposición, los medios de comunicación y todos los colectivos ciudadanos para exigirla. Desde el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía asumimos la parte que nos toca, y esperamos estar contando este año que la espera tuvo sentido.

Maribel Roldán (CAONGD), por el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía.

¿Un sueño, una pesadilla o todo lo contrario?

Por Sílvia Chocarro. Te despiertas una mañana, te preparas un café y enciendes la radio para escuchar las noticias. Silencio.  No se oye nada. Enciendes la televisión. Pantalla en negro. No hay señal. Te conectas a internet. Aparece un mensaje que dice: “Este servicio ya no existe”. Sales a la calle a comprarte el periódico y cuando llegas al quiosco está “cerrado hasta nuevo aviso”.

Te preguntas cómo te vas a enterar de quién ganó el debate electoral. Por no hablar del reportaje de investigación que anunciaron sobre la corrupción del gobierno municipal. Esto sí que te da rabia, ahora que por fin los habían pillado. Además, querías leer el análisis sobre la cumbre del cambio climático para entender qué es lo que está en juego. Y te vas a perder la entrevista que le hacían hoy a tu escritora favorita. Claro, y la tertulia de la tres. Por cierto, ¿quién habrá ganado el partido de ayer?

Te despiertas a la mañana siguiente. No hay radio, ni tele, ni periódicos ni internet.

«Te preguntas si tendrías que haber dicho algo cuando empezaron a censurar contenidos en Internet»

Y entonces te planteas si deberías salir a la calle a protestar, ahora que ya no lo puedes hacer por las redes sociales. Te preguntas si tendrías que haber dicho algo cuando empezaron a censurar contenidos en internet porque atentaban contra la “seguridad nacional”. Tal vez tendríamos que habernos manifestado cuando aprobaron aquella ley que llamaron “mordaza”. O cuando convirtieron en propaganda la información de la televisión pública. Te acuerdas de que no fuiste a la concentración de apoyo a la radio comunitaria de tu barrio. La cerraron.

Te despiertas. Silencio.

Recuerdas, entonces, una conversación que tuviste entre un grupo de amigos sobre la importancia de la información en nuestras vidas. Acababan de publicar una encuesta en la que los periodistas no salían muy bien parados. Y nos hizo gracia la pregunta de: “¿qué profesión recomendaría a su hijo/a en primer lugar?”.  Y “periodista” aparecía la penúltima de la lista (CIS, 2013). Ya no nos hace tanta gracia. Nos hemos quedado sin periodistas y sin información. Ahora es cuando te empiezas acordar del rollo ese de que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en nuestras sociedades. Y de que la libertad de expresión y el acceso a la información son un preciado derecho humano.

Te despiertas. Todo era un sueño. ¿O una pesadilla?

*Sílvia Chocarro Marcesse. Periodista, investigadora y consultora en temas relacionados con la comunicación y el desarrollo. Activista por el derecho a la libertad de expresión, colabora con ONG y organismos internacionales. Escribe en el blog ‘Hable sin miedo‘ de la Plataforma ‘Otro mundo está en marcha‘.