Esther Gómez: “La Ley Mordaza es polémica, confusa e innecesaria”

Por Samanta Rioseras. Polémica, confusa, innecesaria, tramposa, imprecisa… Estos fueron algunos de los adjetivos que utilizó Esther Gómez para definir la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. No son palabras elegidas al tuntún, sabe de lo que habla. Es profesora y doctora de Derecho Internacional en la Universidad de Burgos, además de ocupar la dirección del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de dicha institución.

Durante la conferencia que ofreció el martes 25 de enero en la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos, organizada por la ONGD Entrepueblos, Gómez reconoció las numerosas dudas que le suscita el texto a pesar de ser una experta en la materia. “Es difícil de comprender y de interpretar, pero además es confusa. Deliberadamente confusa”. Conocida como Ley Mordaza, fue aprobada únicamente con los votos a favor del Partido Popular (PP) y su tramitación fue complicada. Tanto que se modificaron 14 infracciones y se eliminaron 19. Sin embargo el listado actual, vigente desde el 1 de julio del 2015, contempla hasta 44 divididas en leves (con multas de 100 a 600 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y muy graves (de 30.001 a 600.000 euros).

“Es desproporcionada desde la propia exposición de motivos”, aseveró Gómez. En este fragmento, la Ley se muestra como garante de los derechos fundamentales al existir una serie de actos vandálicos que los ponen en peligro. “Lo que hace realmente es restringir derechos y libertades sin justificación alguna porque no existe una situación de alarma para promulgar una ley como esta”, comentó, y ofreció datos institucionales para argumentar su postura: “Cuando se aprobó la Ley, la tasa de criminalidad era la más abaja de los últimos 12 años, los delitos eran un 27% inferiores a la media europea y, según el CIS, solo el 0,2% de la población situaba como primera de sus preocupaciones la inseguridad”, enumeró. Del mismo modo recordó que, de las 44.000 manifestaciones que hubo en el año anterior a la entrada en vigor de la Ley, solo se requirió intervención policial en el 1%. Incluso quien ocupaba la Jefatura de la Policía en aquel momento, Ignacio Cosidó (hoy senador autonómico por Castilla y León), admitió que la Ley no respondía a una demanda ciudadana.

Otro de los adjetivos que utilizó Gómez para definir la Ley de Seguridad Ciudadana fue “desconocida”. No solo por la ciudadanía en general, sino entre la comunidad universitaria: “No conozco ninguna facultad de Derecho en la que se estudie”, sostuvo. Mientras, la Ley sigue en vigor, las dudas rondando y el miedo en la calle. Lo extraño es que la oposición, ahora que el PP está en minoría, no haya tratado de tumbarla. Sí ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que puede tardar meses o años en tomar una decisión. Un tribunal al frente del cual los populares quieren sentar a Juan José González Rivas, magistrado de perfil conservador en cuyo currículum se incluye haber liderado el sector contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o el hecho de haber negado a una magistrada un permiso de 15 días tras inscribirse en el registro de parejas de hecho al considerar que ese tipo de unión no es equivalente al matrimonio.

Hasta que el TC resuelva el recurso, los medios de comunicación tienen una doble labor por delante: Seguir informando sobre el contenido de la Ley y denunciar públicamente la vulneración de los derechos fundamentales que se puedan ver afectados. Sobre esto y mucho más charló Premios Enfoque con Esther Gómez.

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Fuente: Samanta Rioseras

¿Considera que la Ley de Seguridad Ciudadana amenaza los derechos fundamentales?
Es una ley muy polémica, una ley que en principio protege derechos y libertades del ciudadano, pero a costa de vulnerarlos. Se busca la seguridad en detrimento de esos derechos. Por eso hay varios recursos de inconstitucionalidad presentados en bloque por la oposición. También por parte del Parlamento Catalán y asociaciones de abogados porque consideran que hay numerosos artículos que vulneran abiertamente el texto constitucional.

¿Cree que coarta la libertad de expresión?
Sí, absolutamente. Además la coarta a través de una ley administrativa. Si la libertad de expresión estuviese limitada o restringida en un código penal, tendría ciertas garantías; pero a través de una ley administrativa no tiene ningún sentido.

¿Es un modo de tipificar como delito la libertad de expresión?
En realidad lo que hace es modificar los conceptos del Código Penal. En el código Penal hay delitos o faltas, pero en la Ley de Seguridad Ciudadana lo que existen son infracciones administrativas. Infracciones que se comenten contra la Administración y que la propia Administración juzga por lo que se convierte en juez y parte. Además, las sanciones pecuniarias que se imponen son enormes. Llegan a los 600.000 euros y eso es algo incomprensible para muchas de las conductas que aparecen en la Ley.

Como las manifestaciones sin comunicación o los actos públicos que la Administración prohíba. Es una infracción muy grave sancionada desde los 30.000 a los 6000.000 euros.
Sí. También ha habido algunos cambios como las concentraciones sin autorización frente al Senado o el Congreso. En el borrador se planteaba una sanción de 600.000 euros que finalmente se quedó en 30.000. La rebaja es sustancial, pero es una barbaridad. Sobre todo porque no se tiene en cuenta si las Cámaras están llenas o vacías, si hay alguien dentro o no, si es de día o de noche… No hay una proporcionalidad. Con este planteamiento se eliminan las manifestaciones espontáneas que, según la Constitución Española, el propio Estado debe proteger. No solo eso, sino que el hecho de poder ser sancionado por acudir a una manifestación, a la que se va por ser afín a una determinada ideología, también vulnera la libertad de opinión.

Lo que sí hay es imprecisión… En cuanto a las grabaciones a los cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo. No se sanciona la grabación, pero sí la difusión de las imágenes.
La Ley dice que lo que no puedes hacer es difundir las imágenes sin autorización, no se dice nada de grabar por parte de particulares. Pero lo cierto es que no tiene mucho sentido grabar si luego no lo vas a difundir. En cualquier caso, imaginemos este supuesto: Un abuso de autoridad. Lo grabas en vídeo, sí, pero no podrías usarlo en un juicio porque se estaría utilizando sin la autorización de la persona a la que grabas. En cambio, los agentes sí pueden grabar sin cortapisas. De hecho la veracidad de los atestados siempre prima, lo que se lleva por delante el principio de la presunción de inocencia.

El nombre de la Ley, por tanto, deja de tener sentido. No vela por la seguridad ciudadana.
En parte sí, deja de tener sentido.

¿Está justificado que se la conozca como Ley Mordaza?
Totalmente. No hay ni la más mínima duda. Además, tanto organismos internacionales (como la ONU), el Consejo de Europa, Jueces para la Democracia o la Asociación General de la Abogacía están espeluznados por la mayoría de los artículos de la Ley.

¿Se está usando la Ley como arma política para evitar la oposición ciudadana?
Sí, es evidente. Se quiere que la gente se quede en sus casas. Además, existe el temor añadido de que no sabes qué conductas son punibles. Hay mucha imprecisión al desconocer si las conductas que vas a realizar son sancionables o no. Y esto te lleva a quedarte en casa. Crea una inseguridad jurídica que en un estado de derecho es intolerable.

¿Qué le parece la postura que han adoptado los medios de comunicación y la difusión que han hecho de la Ley de Seguridad Ciudadana?
Los medios se han hecho eco suficiente. En parte porque ellos se ven directamente afectados. Pero también pienso que se debería dar más batalla. Lleva año y medio aplicándose y, cuando entró en vigor el 1 de julio del 2015, hubo más efervescencia en los medios que ahora. Es un tema que nos afecta en el día a día y no se debe olvidar.

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