Luces y sombras de la Ley de Medios en Argentina

Por el Colectivo de comunicación La Tribu. En aulas, en foros, en publicaciones, en Congresos, en asambleas, en ámbitos más y menos formales se toma como ejemplo de construcción de una ley de medios democrática la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se aprobó en Argentina en octubre de 2009.

Se destaca la consideración de tres actores de la comunicación: el sector público, el privado con fines de lucro y los medios de comunicación sin fines de lucro. Sobre todo se hace énfasis en la reserva del 33 % del espectro radioeléctrico para los sin fines de lucro, es decir emisoras de asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, etc. También permite que comunidades de pueblos originarios puedan poseer sus propios medios de comunicación.

Además, la ley también crea la Defensoría del Público y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CoFeCa), un consejo consultivo que pretende incidir en las políticas de comunicación y que está compuesto por representantes de todos los sectores alcanzados por la ley. Además, el texto está fundado y argumentado en el derecho a la comunicación, atravesado por una visión de género, con varios puntos referidos a accesibilidad y con cuotas de pantalla que apuntan a fortalecer las producciones locales. Sin lugar a dudas, hay muchas razones por las que el texto de la ley se ha ganado su reconocimiento.

Hay una cosa más, que quizás sea menos conocida, pero fundamental para quienes creemos y practicamos una comunicación desde otras lógicas, distintas a las regidas por el mercado. El texto de la ley incorpora una definición de emisoras comunitarias, de ellas dice que nunca deberán ser entendidas como de alcance restringido. Esto toma más valor en las discusiones que se dan en América Latina en relación con otras leyes que si bien reconocen la existencia de medios sin fines de lucro, se les permiten potencias tan limitadas que restringen su alcance o mejor dicho con alcances tan restringidos que limitan su potencia.

¿Cómo conseguimos esto? La sociedad civil se organizó para acordar un documento en el que se destacaban veintiún puntos que debería contemplar una legislación que se pretenda democrática. Dichos puntos fueron tenidos en cuenta a la hora de redactar el proyecto de ley. El proyecto fue discutido en diversos foros a lo largo del país de los que participaron organizaciones, emisoras, sindicatos, universidades, intelectuales, trabajadoras, músicos, cineastas, etc. Y ante un contexto particular, la fuerza política en el gobierno la tomó para impulsarla.

Este tipo de relatos suelen olvidar la construcción colectiva que por debajo y antes y después de cada uno de estos logros se fue haciendo. Construcción que fue fundamental para crear las condiciones que permitieron aprovechar la ventana de posibilidad que cualquiera de estos proyectos necesita para realizarse. Esto no quiere decir que las instancias destacadas, en este caso el acuerdo de un montón de organizaciones vinculadas a distintos sectores de la comunicación para la redacción de un documento conjunto, no tengan la importancia que se les destaca. Tampoco pretende ser un ensalzamiento de las potencias de aquellas otras construcciones.

Las sombras de la Ley

Pero, sin ese andar construyendo bien por debajo nunca se hubiera llegado a lo que se llegó, una más que interesante ley que se aplica poco y mal. Entre los debes más importantes se cuentan la no realización del Plan Técnico que permita conocer cómo será la ocupación del espectro, que cantidad de frecuencias de cada categoría se albergarán. Esto, entre otras cosas, no nos permite saber en qué se traduce ese treinta y tres por ciento reservado para las emisoras sin fines de lucro. Además, no ha permitido avanzar en el otorgamiento de licencias de radio de ninguna categoría en las zonas de conflicto, es decir en los grandes conglomerados urbanos donde suele haber mayor ocupación del espectro.

Entonces, en las grandes ciudades, ninguna de las radios comunitarias, esas que son fundamento principal del acercamiento al derecho a la comunicación y la democratización del sistema de medios que propone la ley, reconocidas por el texto como integrantes del sector sin fines de lucro, pudo hacer cuerpo su derecho y obtener una licencia. Si algo hemos aprendido en este proceso es que una ley no garantiza una política pública y por ende, que las leyes son una instancia importante en la lucha por el acceso a nuevos derechos, pero nunca pueden considerarse un punto de llegada en esa búsqueda.

Ese andar construyendo por debajo siguió su trabajo sin negar lo logrado pero sin perder de vista los objetivos. Así se consiguió que cuatro redes de emisoras comunitarias después de evaluar problemáticas y prioridades de cada una, se juntaron para evaluar problemáticas y prioridades del conjunto. Esa mesa de trabajo se transformó en un pedido de una instancia intermedia, un mientras tanto para salir de la alegalidad que, ley mediante, muchos medios sostienen más allá de sus intenciones. Y ese pedido fue replicado por el CoFeCa. Y luego relanzado por la Defensoría del Público (para eso también sirven las instituciones creadas por la ley) y ante la proximidad del cambio de gobierno la Autoridad Federal se decidió a dar reconocimientos a estas emisoras.

El panorama se pone más oscuro en el contexto de asunción de un presidente que en reiteradas oportunidades habló de modificar la ley y las instituciones creadas por la misma aunque nunca ahondando demasiado en qué cambios impulsaría para lograr lo que él sostiene necesario “una ley más moderna y ligada a valores”. Vaya uno a saber qué significa eso. Lo que sí es de público conocimiento es su acuerdo con los actores hegemónicos de la comunicación que defendieron su accionar como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y propiciaron su acceso a la Casa Rosada a cambio de intervenir en las políticas del sector.

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Fuente: ADITAL. Noticias de América Latina y el Caribe

Mientras tanto las radios comunitarias intentan re-configurarse sin dejar de andar. Con su trabajo en la comunidad, codo a codo con otras organizaciones, movilizadas por hacer cuerpo derechos. Por hacer realidad su visión de la comunicación, para constituirse en espacios de libertad y experimentación, pero sobre todo como motores de empoderamiento que constituyen a la comunidad participante en sujetos políticos activos, porque  ¿qué es la comunicación comunitaria sino un proceso que activa voces y que nos enseña a organizarnos y hacer colectivamente?

Es la fuerza del nosotros y nosotras activo, movilizado, crítico, enredado lo que brinda a las organizaciones de comunicación comunitaria la legitimidad que no necesita de licencia ni reconocimiento del Estado, que se construye en su compleja y transformadora práctica cotidiana.

*La Tribu es un colectivo de comunicación y cultura que funciona en la casona de Lambaré  873, barrio de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires, desde 1989. Una voz se hace circuito y el brote altera el orden. Componemos en libertad como la orquesta  de las hojas con el aire. Continuar el silbido. Comenzar un recorrido. Bajo tierra somos bosque latiendo que recibe una furiosa descarga y la devuelve hecha fruto. Animarse a jugar en colectivo y a generar cortocircuitos. Web oficial

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